La reciente Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, tras reconocer
que los edificios representan el 40 % del consumo de energía final de la Unión
Europea, obliga no sólo a renovar anualmente un porcentaje significativo de los
edificios de las Administraciones centrales para mejorar su rendimiento energético,
sino a que los Estados miembros establezcan, también, una estrategia a largo plazo,
hasta el año 2020 –para minorar el nivel de emisiones de CO2– y hasta el año
2050 –con Plus
